El cabildeo consiste en la actividad de ejercer presión para influir en la toma de decisiones, apalabrando a determinada persona o grupo de personas en el momento de asumir una postura sobre los destinos de algún asunto o causa de interés público o privado. Es una actividad permitida dentro de unos determinados umbrales de adecuación social, pero puede convertirse en una actividad delictiva cuando la influencia sobrepasa los límites de lo legal y genera consecuencias lesivas para el interés público en beneficio ilegítimo de intereses privados. La influencia que suelen practicar los grupos de presión se ejerce normalmente de manera directa, a través del acceso a las redes de contacto con las personas competentes para tomar decisiones con repercusión en el interés colectivo. Indirectamente, el lobbying suele presentarse movilizando a la opinión pública y a los medios de comunicación, o por medio de sindicatos, partidos políticos, asociaciones civiles y todo tipo de colectivo con intereses por representar.

Por su parte, la actividad de puertas giratorias es el traspaso bidireccional de roles y funciones entre el sector público y el sector privado, es decir, la alternancia o penduleo entre cargos públicos y cargos en empresas o corporaciones del sector privado, ambos en beneficio del interés contrapuesto mientras dure el mandato, el que generalmente se refiere al interés privado. Ejemplos: el administrador de una compañía desempeña luego una función pública, que aprovecha para beneficiar a la empresa para la cual trabajaba en el pasado o viceversa; o el funcionario público que luego desempeña una labor en el sector privado y utiliza sus contactos o conocimientos adquiridos en la función pública para favorecer a la compañía a la cual ahora pertenece (este último recibe el nombre de pantouflage).

Corrupción, un mal de ascenso global

Si bien cada país enfrenta diferentes desafíos, la corrupción es el común denominador que puede amenazar la paz y la seguridad en todo el mundo. En los últimos años se ha incrementado la influencia indebida sobre la toma de decisiones, la aplicación deficiente de las salvaguardias de integridad y las amenazas al estado de derecho alrededor del mundo, y los primeros momentos de este 2023 continúan corroborando que la corrupción a nivel global está mermando la eficacia de los gobiernos y, por lo tanto, lastimando la gobernabilidad y la gobernanza. A pesar de que hay importantes diferencias en la percepción acerca de la corrupción en los países más desarrollados y en los países en desarrollo, las restricciones y los ataques al espacio cívico y las libertades básicas aparecen como factores inherentes a la corrupción facilitando la generación de múltiples crisis que amenazan la seguridad, la estabilidad, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. En este sentido, el creciente autoritarismo diluye la función de vigilancia de la sociedad civil, mientras que muchos líderes priorizan la recuperación económica sobre los esfuerzos anticorrupción por su retórica populista y centrada en los discursos que polarizan y distraen la atención de los temas centrales para el verdadero desarrollo de sus sociedades. En los escenarios donde el poder político y económico desigual está profundamente entrelazado con el conflicto, la corrupción está exterminando los procesos democráticos, causando disturbios civiles generalizados y alimentando la violencia. A pesar las consecuencias negativas y bien documentadas, la corrupción es un fenómeno global difícil de erradicar, por un lado, porque por sus efectos no se perciben en todos los grupos sociales por igual, y, por otro lado, por su arraigo hacia las estructuras políticas en diferentes niveles. Si bien algunos grupos sociales, sobre todo los más vulnerables, padecen de servicios públicos precarios o inexistentes, otros grupos se benefician la normalización de la corrupción a través de sobornos, tráfico de influencias, nepotismo y adjudicaciones directas. Cuando la corrupción es sistémica, los recursos públicos se desvían constantemente de proyectos, políticas y servicios que sirven al bien común y benefician al público en general pero que favorecen solo a grupos e intereses específicos. Las reformas anticorrupción específicas que se generen desde los ámbitos nacionales deben ayudar a romper la espiral descendente de corrupción, conflicto y violencia y, a promover la paz, la transparencia y la seguridad. En este tenor, es fundamental promover la transparencia y el acceso a la información, establecer mecanismos para detectar y gestionar conflictos de interés, fortalecer los sistemas de contrapesos y promover el respeto absoluto en la división de poderes para evitar la concentración del poder y así frenar la consolidación de la autocracia. Correo: arleneru@me.com Twitter: @ArleneRU LinkedIn: Arlene Ramírez-Uresti